Tribunal de Trinidad desobedece orden de Díaz Canel

Un tribunal de Trinidad en Sancti Spíritus pasó por encima de una orden de la comisión de Miguel Díaz Canel y condenó a una familia a demoler un muro en su casa.

El matrimonio de Yamirka De la Rosa y Gilberto Orelvis Basso tuvo que ver como le demolían el muro de su casa para el cual tenían autorización firmada.

Un tribunal de Trinidad hizo caso omiso del informe y recomendación de la comisión de Díaz Canel sobre el caso. Y condenó al matrimonio espirituano, a pesar de que ya habían sido absueltos por tener todos los documentos en regla para la construcción de un muro en el jardín de su casa.

Casa de Yamirka de La Rosa y Gilberto Orelis

“Esta es mi casa y ese muro de ladrillo es la causa de nuestra situación, anteriormente había una cerca de situada en ese mismo lugar, nosotros solo la sustituimos por el muro,ya que contábamos con un autorizo de construcción, además de existir otros jardines delimitados como el nuestro a continuación, siempre permitiendo el cause de las aguas pluviales por los pasillos laterales, ya quees su cause natural.” Dijo al Gusanito Mambí Yamirka De la Rosa.

Teniendo este autorizo de construcción, Arelis Padilla que era la jefa de los inspectores de la DMPF de Trinidad, le aplicó multas hasta 1000 pesos y varias órdenes de demolición, en un período de 48 y 72 horas al matrimonio, según cuenta Yamirka.

El director de la Planificación Física Municipal de Trinidad Jesús Blanco, les dijo, sin embargo, que no tenían que pagar la multa, hasta que no se decidiera la situación situación, y todo fue una engaño, fueron citados por la PNR de Trinidad, para el pago de la misma.

Multa arbitraria e injusta puesta a Gilberto Orelvis Basso

“Posteriormente por no demoler puesto que teníamos documentos legales emitidos por la DMPF y la DPPF de Santi Spiritus, más él autorizo de construcción, la compañera Arelis Padilla y Jesús Blanco, acusaron a mi esposo por un delito de desobediencia y por tener una carpintería supuestamente ilícita.” Cuenta Yamirka en su denuncia.

“Mi esposo Gilberto Orelvis Basso Mendoza, es trabajador por cuenta propia_continúa diciendo la afectada_en la actividad de carpintero, por más de 20 años, paga sus impuestos, la patente y demás, esta compañera informa de la existencia de la carpintería y a mi esposo le efectuaron un registro, donde todo lo que ocuparon, al momento presentamos toda la documentación legal que lo justificaba, aún así se lo llevaron para la PNR de Trinidad.”

“Estuvimos desde las 12 del mediodía hasta las 3.30 de la tarde sin saber la razón por la que lo tenían allí, hasta que me dirijo a preguntarle al jefe de la PNR de Trinidad, Michel, y me dice que por un delito de desobediencia y actividad económica ilícita y que podía verse implicado hasta en un delito de cohecho, yo tuve unas palabras con este señor porq de verdad no entendía tal atropello.” Agrega decepcionada Yamirka.

“Al rato volvimos acercarnos a la puerta de la carpeta Elizabeth, que llevaba el caso para preguntarle lo que iban hacer, ella se encontraba con el compañero René, 2do de la PNR Provincial y escuchamos cuando ella le dice que no había tales delitos, que mi esposo Gilberto tenía todo en orden, a lo que este compañero le dice, que lo trancara, que era una orden, a la que ésta compañera en contra de su voluntad tuvo que cumplir” Asegura de La Rosa en su denuncia.

“Mi esposo Gilberto Orelvis Basso Mendoza, estuvo preso 4 días y le tuvieron sus equipos de trabajo 4 meses en calidad de depósito y sin poder trabajar, lo que nos ocasionó grandes daños económicos y psicológicos, tuvimos que comer de mi suegra y mi mamá, dos señoras de la pasada edad, con dos niñas Menores” afirma Yamirka.

“La Dirección Provincia de Planificación Física de Sancti Spiritus, redactó un documento, mostrando más la inocencia de mi esposo, con fecha del 8 de octubre del 2018, fuimos en 2 ocasiones a entregarle este documento en la PNR para para que se agregara al expediente, y el investigador Luis Miguel se negó a recibirlo y nos dijo que nos quejáramos donde nos diera la gana.” Denuncia el matrimonio.

“Fuimos a la Fiscalía municipal ante la fiscal Mildrey y dejamos en el libro de atención a la población por escrito nuestra inconformidad en cuanto a este instructor que no nos quiso recibir este documento y tampoco citó a los testigos a declarar, mi esposo fue a juicio sin defensa, solo con su abogada, ni documentos, ni testigos, la fiscal del caso Marline dijo que debía ser condenado puesto que su autorizo de construcción decía con lapicero, anulado encima, sin mostrarle al Tribunal, ninguna resolución, que realmente afirmara lo que ella decía y la jueza lo sancionó a 1 año preso y 400 pesos de multa, por violar el decreto 272.” Acotó la esposa de Gilberto.

“Pusimos en manos de la abogada el recurso de apelación, pero agotamos todos los recursos necesarios para tratar de adsolverlo, fuimos visitados por una comisión de Díaz Canel y nos emitieron un documento, La DPPF de Santi Spiritus emitió un dictamen legal similar al documento del 8 de octubre y la coronela del MININT se reunió con el presidente del Tribunal Provincial, porque no entendía que hacia el MININT metido en todo esto, si era un problema administrativo.” Explicaron los implicados.

A raíz de todo esto repitieron nuevamente el juicio y Gilberto Orelvis Basso lo adsolvieron, demostrándose en el juicio que él no violaba el decreto 272, que él no tenía que demoler, que eso lo hace el estado y que la DMPF de Trinidad no tenía por qué acusarlo puesto que no había cometido ningún delito.

Esta es la jueza que sancionó a Gilberto, el mismo día del juicio conversando con José Luis Arzola Fernández, quien es la contraparte denunciante. Algo que es ilegal pues los jueces y los demandantes no pueden hablar fuera de la sala del tribunal.

Jueza del caso y el acusador el mismo día del juicio hablando fuera del tribunal lo cuál es ilegal.

“Después de todo esto, José Luis Arzola Fernández, nuestro vecino litigante, estableció una demanda en contra de mi esposo Gilberto por lo civil, ( dice Yamirka) con el propósito de demoler el muro de nuestro jardín, alegando que el cause natural de las aguas pluviales es por el frente de mi casa, sabiendo que el verdadero recorrido es por los pasillos laterales de las viviendas” Esto último estaba plasmado en los documentos emitidos por planificación física al inspeccionar la vivienda y la zona.

“Escribimos varios tuiwter a Díaz Canel, a la Fiscalía General De La República, al Consejo de Estado, al IPF Nacional con Samuel Rodiles Planas, después de haber agotado en reiteradas ocasiones todos los recursos correspondientes en el Municipio de Trinidad y la provincia de Santi Spiritus, nadie hace nada, los del alto mando de este país mandan todo de nuevo para el Municipio y la provincia, con los mismos corruptos, sabiendo que si recurrimos a ellos es porque acá no resolvemos nada y si mil millones de veces les escribes, ellos lo mandan para el Municipio y la provincia, no supervisan las respuestas, se conforman con las mentiras que le mandan, nos reunimos con Amaro, el presidente del Tribunal Provincial, le expusimos todas las violaciones, le mostramos la foto de la jueza y el abogado de José Luis Arzola Fernández y nos dijo, que eran seres humanos, que tenían derecho a equivocarse. Todo siguió igual, la jueza siguió trabajando normalmente como si nada, que sabrá Dios a cuantas personas inocentes no habrá metido presa, mí esposo porque tuvo la suerte de que lo adsolvieron, pero sino hubiese tenido que cumplir con todos sus documentos legales, al tiempo encontramos en las redes una foto de Amaro, el presidente del Tribunal provincial, con el abogado de José Luis Arzola Fernández, de pura felicidad, que te das cuenta del amiguismo y el comprometimiento que existe.”

Amaro, presidente del Tribunal Provincial de Sancti Spíritus y el Arzola vecino demandante.

El del pulover de rayas es Amaro y el señor de los espejuelos es José Luis Arzola Fernández, vecino litigante.

“Presentamos varios vídeos demostrando el cause natural de las aguas pluviales y uno de como el compañero José Luis Arzola Fernández hacia zanjas para desviar el cause natural de las aguas hacia mi Vivienda y nada de lo que presentamos se nos tuvo en cuenta e incluyendo el título de propiedad, pedimos un peritaje de la DPPF de Santi Spiritus, de las personas que habían emitido todos los documentos y buscaron una Arquitecta de Cabaiguan, la que determinó que mi espacio era Patronato de comunales y el Tribunal determinó que mi esposo basado en este testimonio tenía que demoler, volvimos apelar y la segunda instancia determinó lo mismo, esperamos pensando que teníamos la posibilidad de esperar sin demoler hasta agotar el último recurso que es él de la revisión en el Tribunal Supremo en la Habana y resulta que fuimos citados por el Tribunal para un requerimiento por no demoler, pedimos un tiempo hasta que llegara la revisión y nos la negaron, nos dieron 72 horas para demoler o de lo contrario volverían acusar a mi esposo nuevamente de desobediencia.” Dijo con tristeza Yamirka De La Rosa

“La abogada nos comunicó que teníamos que cumplir con la demolición, para llegar al proceso de Revisión ante el Tribunal Supremo” acotó.

“Con todos estos elementos nuestra abogada presentó una revisión en el Tribunal Supremo, el 12 de diciembre del 2019, después de una larga espera, ni tan siquiera nos revisaron el caso, nos negaron la revisión, nosotros subimos incontables escritos a las redes, a Díaz Canel, al Consejo de Estado, pidiéndole que por favor, intervinieran para que el Tribunal aceptara la revisión, mostramos todos estos elementos y no nos hicieron caso, ahora estamos con nuestro muro demolido y nadie nos da una explicación, porque nosotros pagamos ese espacio, lo tenemos en propiedad, tenemos autorizo de construcción, documentos legales, hemos sufrido daños, y todo esto por un problema administrativo, porque nosotros no hacemos los papeles y si un organismo me da un autorizo, que puedo construir, como el Tribunal no va a respetar esos documentos, como va a pasar por encima de firmas prestigiosas, (el presidente del país) de organismos que están más que facultados por el gobierno para emitir toda esta documentación, ¿dónde están nuestros derechos constitucionales como ciudadanos?” Concluye desesperada la señora.

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