Última Hora: EE.UU. sanciona a Díaz-Canel y a la familia Castro y congela los bienes del círculo íntimo del poder cubano
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves 4 de junio de 2026 al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y a familiares directos de Raúl Castro, en una escalada que por primera vez alcanza el círculo íntimo del poder en La Habana.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a los designados en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que congela cualquier propiedad y cuenta bancaria que posean bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a personas y empresas de EE.UU. hacer negocios con ellos.
Además de Díaz-Canel, la medida alcanza a su esposa, Lis Cuesta Peraza, y a su hijastro Manuel Anido Cuesta. La acción golpea también al núcleo de la familia Castro: el hijo de Raúl, Alejandro Castro Espín, y un nieto del exmandatario, Raúl Alejandro Castro Calis.
Las designaciones se ejecutaron bajo la Orden Ejecutiva 14404. Junto a las personas, el Tesoro añadió a su lista negra a cinco entidades cubanas, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), pieza central del aparato económico y militar del régimen.
La respuesta de La Habana
El canciller Bruno Rodríguez acusó a Washington de construir “un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano” y afirmó que la isla se prepara para “enfrentar la agresión externa” invocando el derecho a la legítima defensa.
Díaz-Canel, por su parte, elevó el tono y advirtió que una intervención estadounidense en Cuba provocaría “un baño de sangre de consecuencias incalculables”. El discurso oficial mantiene el encuadre de injerencia en los asuntos internos del país.
Las implicaciones: del símbolo a la persona
El golpe no es económico, es político y personal. Resulta improbable que estos dirigentes tengan grandes activos declarados en bancos de EE.UU., así que el valor de la medida está en el mensaje: Washington ha dejado de sancionar instituciones abstractas para señalar con nombre y apellido a las personas que administran el poder y a sus familias.
La decisión llega apenas dos semanas después de que, el 20 de mayo de 2026, un gran jurado federal imputara a Raúl Castro con siete cargos —entre ellos conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses— por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Aquella imputación era en gran medida simbólica: no existe tratado de extradición entre Cuba y EE.UU. Las sanciones de hoy convierten ese gesto en una presión tangible sobre el entorno familiar del exmandatario.
El telón de fondo es aún más pesado. La imputación a Castro y este nuevo cerco ocurren después de que Estados Unidos capturara al gobernante venezolano Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el 3 de enero de 2026; hoy aguarda juicio en una prisión federal de Brooklyn por narcoterrorismo. Para los aliados de La Habana, el precedente es inquietante: Washington ha demostrado disposición a pasar de la acusación al banquillo.
Leídas en conjunto —la extracción de Maduro, el indictment a Raúl Castro y las sanciones a Díaz-Canel y a las dinastías del poder—, las tres jugadas dibujan una estrategia escalonada que estrecha el margen de los liderazgos autoritarios de la región. La pregunta que queda abierta no es ya si Washington puede nombrarlos, sino hasta dónde está dispuesto a llegar para alcanzarlos.
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